https://valenciaplaza.com/valenciano-sera-merito-inferior-formacion-academica-trabajar-sanidad
Desde la perspectiva de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, esta medida es un paso positivo hacia el reconocimiento de que la competencia profesional y la formación deben ser los criterios primordiales en la contratación y promoción en la función pública, especialmente en un área tan crítica como la salud. La salud y el bienestar de los pacientes deben estar por encima de consideraciones lingüísticas. La declaración de Gómez, que enfatiza la importancia de "huir de la ideología" en la contratación de profesionales de la salud, resuena con nuestra postura de que las habilidades y conocimientos específicos del sector son lo que realmente importa.
Por otro lado, las críticas de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ilustran un desacuerdo fundamental sobre el papel del valenciano en la sociedad valenciana. Mientras que ACPV considera el conocimiento del valenciano como un elemento esencial de la identidad cultural y lingüística valenciana, y por lo tanto importante en la atención médica, desde nuestra perspectiva, asociar el conocimiento de una lengua regional con la calidad de la asistencia médica es una simplificación excesiva. La competencia médica y la calidad humana en la atención sanitaria no deben estar condicionadas por el conocimiento de una lengua regional. La atención médica de calidad depende principalmente de la experiencia, la formación y las habilidades interpersonales del profesional de la salud, no de su competencia lingüística en valenciano.
La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística defiende que los derechos lingüísticos, según lo estipulado en el art. 3 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, deben equilibrarse con el derecho a recibir la mejor atención sanitaria posible. Esto implica que, mientras se respeten los derechos lingüísticos, la prioridad debe ser la calidad y la especialización del personal sanitario. Por lo tanto, consideramos que la medida adoptada por la conselleria de Sanidad es adecuada y necesaria, respetando tanto la legislación vigente como las necesidades fundamentales de los pacientes.



