Hace unos días de ayer la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana ha remitido instrucciones a los directores de los centros para que modifiquen a su gusto el Proyecto Educativo de Centro.
En el pasado mes de julio ya advertimos del plan de Conselleria para vulnerar su propia Ley de Plurilingüismo, que en el artículo 16.4 establece que la propuesta de proyecto habrá de ser consensuada por el Consejo Escolar por mayoría de 2/3. Y, tal como habíamos anunciado, ahora las autoridades de Conselleria han ordenado a los directores que modifiquen el Proyecto Lingüístico del Centro sin la participación del Consejo Escolar que establece la Ley.

La instrucción se acompaña de un formulario donde el director del centro ha de proceder al cambio de las horas que se impartirán en valenciano o en inglés, según su particular criterio. Dicho documento, quedará integrado en la Programación General Anual. En los improbables casos de que alguien advierta el documento que se ha introducido, su aprobación se podría hacer por mayoría simple, es decir, rebajando el requisito establecido por la ley de Plurilingüismo. Y la situación rozaría el absurdo si el Consejo Escolar vota en contra de la Programación que se ha estado impartiendo durante los últimos tres meses. Pero así con el parecer contrario del Consejo Escolar el cambio del Proyecto Lingüístico igualmente sería impuesto por Conselleria.
La Generalitat vuelve a imponer la política de los hechos consumados, profesores y padres, miembros del Consejo Escolar servirán como simple coartada para que el gobierno valenciano haga su voluntad con la educación y el futuro de nuestros hijos.
Con esta maniobra se deja en evidencia que la Ley de Plurilingüismo es un conjunto de normas que impiden la participación de los padres y de los órganos colegiados de gobierno sin que el centro ni la comunidad educativa tengan posibilidad alguna de modificar los Programas Lingüísticos que quedan al exclusivo arbitrio de las autoridades nacionalistas que nos gobiernan.
Por otra parte, el formulario que debe cumplimentar los directores, deja a un lado los porcentajes y, al contrario que sucedía con la aprobación de los Proyectos Lingüísticos, los cambios no se recogen en una plataforma por parte de Conselleria, ni precisan la aprobación por parte de la Administración. La razón de este ocultismo es, paradójicamente, muy clara. El gobierno valenciano, consciente de la ilegalidad que está cometiendo, no quiere emitir una resolución que supusiera el riesgo cierto de una condena penal de la autoridad responsable y los cambios en el PLC se aplican totalmente fuera de la Ley.
Del mismo modo que la Ley 4/18 vulneró el Estatuto de Autonomía, de rango claramente superior; ahora son las instrucciones de Curso, una mera Resolución, incumplen la Ley de Plurilingüismo.
La operación viene acompañada por el anuncio hecho por parte de la Unitat per a l’Educació Multilingüe, organismo político conformado por Universidad de Alicante y Escola Valenciana, principal organización sectaria del supremacismo catalán en la Comunidad Valenciana. En un escrito de este organismo fiscalizador de la implantación del catalán, se ofrece para apoyar a los directores en elevar los porcentajes de catalán en colegios e institutos.
Sin descartar que nosotros como Plataforma acudamos de nuevo a los Tribunales, pedimos a los partidos de la oposición al Consell, utilicen sus prerrogativas legales y soliciten a los órganos colegiados los acuerdos de modificación de los Proyectos Lingüísticos que, por la más elemental de las lógicas, se habrían de haber tomado con anterioridad al inicio de curso.
Entendemos que Conselleria, con su ilegal argucia no contenta con privar a los alumnos de sus derechos constitucionales y estatutarios, vulnera su propia normativa reiteradamente y procede ahora a incrementar las horas de valenciano a espaldas de las familias.
La acción es consecuencia directa de la falta de eficiencia de la Secretaría Autonómica que, una vez más, manifiesta su torpeza y falta de previsión y el carácter totalitario del nacionalismo identitario que en la actualidad rige los pasos de la Educación en la Comunidad Valenciana.