Hace unas semanas las AMPAs de la Vega Baja y la Plataforma de Docentes informaron del miserable gesto de la Conselleria de Educación que había dejado vencer el plazo de contestación administrativa sin dar respuesta a los millares de padres que habían presentado recursos ante el atropello que suponía para sus hijos privarles del derecho a recibir educación en español.
La omisión, que en la práctica cerraba la vía administrativa y dejaba a las familias solamente la alternativa a los tribunales de Justicia, resultaba doblemente mezquina puesto que empujaba a las familias a emprender la costosa vía judicial y, con ello, un gobierno, que se presenta a sí mismo como progresista, limitaba la defensa de sus derechos a los padres con suficientes solvencia financiera para afrontar el coste de la defensa de sus derechos y privaba de los mismos a las familias de menos recursos económicos. El mensaje de Conselleria era claro, los derechos son para los ricos, y los que quieran ejercer los suyos que paguen.
Lo vergonzoso de su acción y el miedo a la repercusión de la misma, obligó a Conselleria a que, una semana después de nuestra pública denuncia, comenzaron a remitir a algunas de las familias, una circular, la misma para todos, donde se eludían responder al núcleo de los recursos presentados y por supuesto se desestimaban las solicitudes.
Como ya entonces anunciamos, nos estábamos dispuesto a dejar abandonadas a miles de familias de la Comunidad Valenciana ni a permitir que los derechos de sus hijos fuesen pisoteados en nombre del nacionalismo supremacista que parece haber secuestrado la Educación de nuestra Comunidad.
Pese a las enormes dificultades encontradas y el poco tiempo con el que contábamos, se emprendió una campaña para asumir el costo jurídico de una serie de contenciosos que abarcasen la totalidad de las casuísticas existentes. Sin embargo, la respuesta ha sido espectacular. A la causa se han sumado, además de las familias directamente perjudicadas, otros padres y vecinos que, sin afectarles directamente la acción represora de Conselleria han sabido comprender que se estaba librando una batalla decisiva entre el totalitarismo y la libertad y han querido tomar parte en el bando del derecho y la razón.
Pocos días después de comenzar la recaudación, los responsables anunciaron que se habían alcanzando los objetivos establecidos y solicitar repetidas veces que las donaciones cesasen porque se habían logrado la meta.
Desde nuestras plataformas queremos agradecer a todos los que han contribuido y a aquellos a los que, pese a su voluntad, se han quedado sin participar. Ha sido un hermoso acto de generosidad que estamos convencidos va a servir de mucho.
En este sentido, el Bufete de Abogados Chapapría-Navarro y Asociados, realizó el pasado día 18 de noviembre el anuncio formal de la apertura de contencioso contra la Administración por la imposición de la Ley de Plurilingüísmo que vulnera los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.
Todos somos conscientes que el Gobierno Valenciano, que arrastra el mayor número de condenas en los tribunales de la historia de nuestra democracia, agotará todos los mecanismos legales para evitar cumplir la ley con el fin de agotar la paciencia y las energías de los ciudadanos pero también lo somos de que hemos llegado a un momento en que la ciudadanía se ha cansado de dejarse pisotear por los intereses del nacionalismo identitario, sobre todo, entendiendo que, en este caso, las víctimas son nuestros hijos y, en este caso, la energía de un padre es inagotable.
