En vista de las recientes acciones de Diana Morant, proclamada secretaria general del PSOE valenciano y actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha establecido dos nuevas secretarías en el seno del partido, una enfocada en la defensa del valenciano y otra en la libertad de expresión contra la censura, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística no puede sino expresar su más rotunda indignación y preocupación.

La creación de una secretaría específica para la defensa del valenciano, lejos de promover la inclusión y el respeto por la diversidad lingüística, sugiere un movimiento hacia la ideologización de la educación y la administración pública en la Comunidad Valenciana, siguiendo el preocupante modelo catalanista de imposición lingüística. Esto es especialmente alarmante considerando el reciente pacto entre PP y Vox para una nueva ley educativa que, al fin, pone fin a la dictadura del catalán en la región, garantizando el derecho de las familias a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos.

Es evidente que la decisión de Morant, impuesta por Pedro Sánchez, refleja un intento de alinearse con posturas nacionalistas que van en contra del derecho a la libre elección lingüística y promueven una agenda de uniformidad cultural que no representa la realidad sociolingüística de la Comunidad Valenciana. Cabe recordar que, según nuestro Estatuto de Autonomía y diversas leyes nacionales y regionales, la imposición de una lengua vehicular en la educación es legalmente cuestionable, especialmente en zonas de predominio lingüístico castellano, donde la exención del valenciano debe ser respetada y garantizada.

Esta maniobra, lejos de ser un gesto de inclusión y respeto por la diversidad, se perfila más como una estrategia política que busca imponer una visión uniforme de la cultura y la lengua, ignorando los derechos de una gran parte de la población a la libertad de elección y al respeto por su identidad lingüística. Es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden estar desconectadas de las necesidades y derechos de los ciudadanos, especialmente en temas tan sensibles y fundamentales como la educación y la cultura.

En resumen, desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, rechazamos vehementemente esta nueva secretaría y sus implicaciones. Consideramos que es un paso atrás en la defensa de los derechos lingüísticos de todos los valencianos, y un intento descarado de politizar la educación y la administración pública en favor de una agenda nacionalista estrecha y excluyente. Continuaremos luchando por la libertad de elección lingüística y por una educación que respete y refleje la diversidad cultural y lingüística de nuestra comunidad.